Los aduaneros celebraron decisión de la AFIP de derogar un aparato interno «de persecución»
El Sindicato Unico del Personal Aduanero (Supara) que conduce Carlos Sueiro elogió hoy la decisión de las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de disolver la Dirección de Integridad Institucional (DII) del organismo recaudador y aseguró que «su única función fue persecutoria».
El sindicato explicó hoy en un documento que «la verdadera intención de crear esa inmensa estructura en el Gobierno anterior -concebida con el falaz argumento del resguardo de la ética y la transparencia- fue que funcionase como un fenomenal aparato de persecución, con sesgos políticos e ideológicos».
La conducción nacional del Supara denunció que también debía determinar de forma discrecional «las designaciones, que se emparentaron más con las simpatías políticas que con las verdaderas necesidades funcionales de la AFIP».
Por Disposición DI 2020-140-E del organismo se disolvió de manera estructural la DII y se derogó a través de su artículo 9 varias resoluciones adoptadas por el PRO.
«La Disposición 353 de 2017 determinó el Régimen Declarativo de Información Confidencial (RDIC), que obligaba a los trabajadores a presentar una declaración jurada anual, lo que era una redundancia porque gran parte de los funcionarios deben presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral ante la Oficina Anticorrupción», señaló el gremio en el comunicado.
También derogó la Disposición 362 del mismo año, que había determinado que en «las designaciones de funcionarios y en las asignaciones de funciones interinas o titulares en cargos de jefaturas de departamento, agencia y distrito por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos debía intervenir la DII para hacer un informe con observaciones irrelevantes y fuera de contexto a fin de asignar a los agentes, lo que era discrecional y dedocrático».
Esa función en la AFIP la realiza la propia Subdirección General de Recursos Humanos, que tiene toda «la información sobre temas de idoneidad y probidad a través del Departamento Sumarios Administrativos», remarcó.
El Supara explicó que también se derogó la Disposición 119 de 2018, que creó el Programa de Formación en Etica Pública e Integridad Institucional, que incluyó actualizaciones y recertificaciones periódicas y «era obligatorio», y la Disposición 293 de ese año, que determinó «la política de no represalias y confidencialidad de la información de la AFIP para quienes presentaran denuncias por conductas contrarias a las del Código de Ética vigente o participaran en un proceso investigativo, garantizando confidencialidad».
«Lejos de arbitrar un mecanismo de denuncias formales que procurase seriedad a las conductas denunciadas, esa normativa creó un peligroso sistema paralelo de denuncias anónimas. Además, la Disposición 152 de 2019 aprobó el Sistema de Reporte de Agentes Vinculados a Causas Penales (Racap) para centralizar y registrar las novedades asociadas a causas penales de los funcionarios», afirmó.
En su momento, el gremio opuso respecto de esas Resoluciones ahora derogadas por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sendos recursos y presentaciones para fijar posición contraria por ser «arbitrarias y avasallantes».
Sueiro especificó por último que vulneraban principios de confidencialidad y reserva, por lo que «la decisión de las actuales autoridades del organismo representó un importante paso para transparentar cualquier acción que la propia AFIP considere para avanzar en principios éticos, de forma integral y alejados de manera fundamental de cualquier rasgo ideológico y político», concluyó.
