Coparticipación: Promueven Modificaciones al Sistema de Goteo Diario
Los bloques del Partido Verde y del Partido Justicialista, presentaron en la última sesión ordinaria de Poder Legislativo, sendos proyectos de Ley que proponen establecer un sistema de goteo de coparticipación.
Ambas iniciativas, Nº 100/24 y 107/24, serán abordadas en las comisiones de Economía Nº 2 y de Legislación General Nº 1.
Los legisladores Juan Carlos Pino y Tomás García y la legisladora María Victoria Vuoto, del bloque del Partido Justicialista, impulsan un mecanismo de transferencia diaria y que se incluya al Poder Judicial, Legislativo, la Caja de Jubilaciones y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La propuesta «contempla la división de Poderes y garantiza las autonomías y un aspecto relevante de esa garantía, es el asegurar su autarquía financiera», indican.
Los Justicialistas sostienen que, respecto al sistema de transferencias a los municipios, «en los últimos años asistimos a distintos debates, polémicas, denuncias en la Justicia y mediáticas, en cuanto a los fondos de coparticipación que les corresponden a las tres intendencias», especifican en los fundamentos.
Además, agregan que dicho proceso se encuentra reglamentado por una resolución del Ministerio de Economía provincial, «y se puede modificar con otra resolución, hecho que evidencia la vulnerabilidad económica en que se encuentran los tres municipios de Tierra del Fuego».
En tanto el legislador Matías Lapadula (PV), expresa en los fundamentos que «corresponde adecuar el procedimiento de transferencia de recursos coparticipables para que se cumplan los objetivos» de las normas que se especifican en la Constitución.
Plantea en el artículo Nº 3 que la Administración Central, debe transferir a los municipios los importes provenientes de la coparticipación federal dentro de las 24 horas hábiles de haberse acreditado a favor de la Provincia.
También incorpora el apartado: «De la mora en el envío de los recursos correspondientes a las municipalidades». Allí se establecen las condiciones que el Gobierno deberá cumplir por no remitir en tiempo y forma los recursos.
